COMUNIDAD VALENCIANA: DE ALCALDE IMPUTADO POR CORRUPCIÓN A SENADOR DEL PP
Alfonso Ferrada pasará de ser un ex alcalde imputado por presuntos delitos de corrupción urbanística a convertirse en un senador aforado, pero sin pasar por las urnas. La carambola que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la dirección del Partido Popular han permitido ejecutar al presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, ha supuesto no sólo la designación de su hija, Andrea, como número dos al Congreso sino que, en el puesto que ésta deja libre como senadora territorial pueda sentarse directamente el ex alcalde de Burriana. Considerado uno de los socios políticos de Fabra, Alfonso Ferrada fue alcalde de ese municipio valenciano, de 35.000 habitantes, desde 1995 hasta el pasado mes de mayo, cuando el PP decidió no volver a presentarlo tras múltiples escándalos urbanísticos.
Miembro también de la ejecutiva regional del PP, Ferrada sorprendió, hace ahora un año, con una comparecencia, junto a Carlos Fabra, en la que se anunció que no repetía como candidato a la alcaldía de Burriana. Entonces, mantuvo que sus resoluciones urbanísticas no habían influido en esta decisión, pero admitió que los escándalos relacionados con la aprobación de determinados proyectos habían creado una tensión insostenible dentro del PP local.
Aquellas polémicas se han saldado, de momento, con una imputación, tras una querella presentada por los socialistas locales y secundada por varios afectados por las decisiones urbanísticas. Según el texto de la querella, el PP mantuvo sin tramitar, durante un año, un programa presentado por una constructora local. Al mismo tiempo, tres empresas comenzaron a adquirir terrenos en la misma zona que, posteriormente, fue recalificada. Esas empresas, en opinión de los querellantes, dispusieron, "sin lugar a dudas, de información privilegiada". Finalmente, el PP adjudicó el programa urbanístico a uno de los empresarios que había adquirido terrenos y descartó a la constructora local que había impulsado la iniciativa. Pese a que los técnicos municipales expresaron reservas, Ferrada optó por contratar un informe jurídico externo que avalara su decisión de adjudicar el programa. Una decisión que le valió ser imputado por presunta prevaricación, malversación, cohecho y delitos contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.
En su declaración ante el juez, el ex alcalde admitió que tanto su esposa como su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra, tal como indicaba la querella, y justificó esa actividad bancaria alegando que tiene propiedades en aquel paraíso fiscal.
La decisión de Fabra ha contado con el aval del presidente regional, Francisco Camps. El presidente valenciano se vio obligado a contar con el apoyo de Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública, en su pugna con Eduardo Zaplana por el control del PP regional. La impunidad otorgada por Camps a Fabra se ha hecho extensible al resto de cargos imputados.
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